Sumario:
La posición de la querella está afincada en las irregularidades que presentarían dichos procesos judiciales; en la desaparición forzada de la hermana de los interesados, ocurrida en el año 1976, y en el asesinato de su hermano mayor, llevado a cabo por agentes de la Armada en el año 1978. La parte también preconizó los indicios que a su juicio revelarían que en la época existían funcionarios castrenses que mantenían un interés concreto en que el grupo familiar (con un integrante supuestamente vinculado a la agrupación “Montoneros”) fuera desalojado de la propiedad (en particular, se destacó la injerencia que en los hechos pudo tener Armando Lambruschini, quien entonces vivía en unos de los departamentos del edificio en el que habitaban los querellantes); y la vinculación hipotética que podría existir entre la actuación de los funcionarios que se denunciaron aquí y los crímenes de lesa humanidad que se desarrollaron en contra de ciertos miembros de la familia Mallea.
Cabe agregar que está pendiente aún el testimonio del ex liquidador de la quiebra de “Lanusse Inmobiliaria SACF”, Juan Carlos Solari, de cuyas presentaciones en el proceso falencial surgiría que el progenitor de los querellantes, en efecto, habría suscripto un boleto de compraventa con la fallida y tomado posesión del bien antes de morir, lo que implica que tuvo que hacer frente a un pago superior al 25% del valor total de la propiedad (ver cláusulas del contrato de compraventa glosado a fs. 2061/2063 del citado expediente).
En definitiva, se observa que concurren en el caso cursos de investigación aptos para revertir el estado de vacilación en el que el juez fundó su decisorio, por lo que procede revocar el auto en crisis a fin de que se profundice la pesquisa.
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL – SALA 2
Expediente: CFP 007139/2009/CA004
Carátula: IMPUTADO: VILAR MIGUEL ANGEL Y OTROS s/QUERELLA