Diputados aprobó con 227 votos positivos, 2 negativos y 3 abstenciones, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la ley 27.453, de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, con el objetivo de ampliar el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Desde el Frente de Todos, el diputado Lucas Godoy señaló que “esta norma busca ampliar de 4.416 a 5.687 barrios; prorrogar la suspensión de desalojos por 10 años; declarar la emergencia socio-sanitaria y ambiental por el plazo de 2 años; e incorporar la perspectiva de género”. “Esto es una política pública”, resaltó.
Por su parte, el diputado Fabio Quetglas (UCR) indicó: “Hay aproximadamente 5 millones de argentinos que viven en la informalidad urbana, y esto no sólo se relaciona con la pobreza sino también con la falta de crédito”. “No hay hábitat popular de calidad sin crédito y sin moneda no hay crédito”, aseveró, al tiempo que consideró: “Debemos generar condiciones económicas y sociales de integración futura”.
En tanto, el diputado Daniel Arroyo (FdT) expresó: “La cara más fuerte de la desigualdad es la vivienda, el hábitat”. “La asignación universal por hijos y este registro de barrios populares son las dos políticas de Estado que tiene nuestro país”, reflexionó.
La diputada del Pro, Silvia Lospennato, ponderó la norma y destacó: “Esta es una ley que se promovió en el gobierno de Mauricio Macri y fue mejorada por la actual presidencia de Alberto Fernández”. “Este proyecto fue aprobado por unanimidad en un plenario de tres Comisiones. Reconocernos todos como partes de esta política”, reflexionó.
En tanto, Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, expresó su apoyo a la ley. «Tomamos aspectos progresivos de esta ley permite acceder a proyectos de infraestructura, el acceso a cloacas, energía eléctrica, agua potable. Da la posibilidad de que los terrenos puedan considerarse de utilidad pública para los vecinos y lo más importante es la prórroga por los desalojos”, dijo. A su vez criticó “más viviendas y menos FMI”.