Reducen indemnización por daño psicológico a jugador de fútbol profesional

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII, en sentencia del 29 de noviembre de 2023, Expediente 8935-2017 “BECKER, PABLO IGNACIO c/ OMINT ART S.A. s/ACCIDENTE – LEY ESPECIAL”, redujo la indemnización por incapacidad laboral por alteración a nivel psicológico.

El actor, trabajando al servicio de CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEFENSA Y JUSTICIA como “jugador de fútbol profesional”, sufrió un
accidente de trabajo el día 02/10/2016. Relata que se encontraba disputando un partido organizado por la AFA contra Colón de Santa Fe, sufrió una torsión en su tobillo derecho. Como consecuencia del accidente de autos, sufrió una luxación de tobillo derecho y, en la actualidad, padece de atrofia muscular en la pierna derecha, limitación funcional del tobillo y pie derecho, y un cuadro de Síndrome Reactivo Ansioso Grave.

La sentencia argumentó que “el Decreto 659/96 dice que “las enfermedades Psicopatológicas no serán motivo de resarcimiento económico, ya que en casi su totalidad, estas enfermedades tienen una base estructural. Los trastornos psiquiátricos
secundarios o accidentes por traumatismo cráneo-encefálicos y/o epilepsia posttraumática, (como las Personalidades Anormales Adquiridas y las Demencias post-Traumáticas, Delirios Crónicos Orgánicos, etc.) serán evaluados únicamente según el rubro desorden mental orgánico post traumático (grado I, II, III o IV). Solamente serán reconocidas las reacciones o desorden por estrés post traumático, las reacciones vivenciales anormales neuróticas, los estados paranoides y la depresión psicótica que tengan un nexo causal específico relacionado con un accidente laboral. Debiéndose descartar primeramente todas las causas ajenas a esta etiología, como la personalidad predisponente, los factores socioeconómicos, familiares, etc”.

Añadió que “el perito médico, informó que el actor presenta una RVAN grado II y otorgó un 3% de incapacidad. La sentenciante de grado, dio eficacia convictiva a lo informado por el galeno, y juzgó que dicha incapacidad tiene relación causal con el infortunio denunciado.

En el caso, a mi entender, el accidente que sufrió el actor – torsión en su tobillo derecho – no permite vislumbrar que la alteración a nivel psicológico guarde un adecuado nexo causal con el accidente denunciado, como para comportar una alteración de la personalidad de la víctima, es decir, que consista en una perturbación profunda del equilibrio emocional, que guarde adecuado
nexo causal con el hecho dañoso y entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración al medio social, máxime la exigua incapacidad física (6%), que le ocasionó el accidente invocado. Cierto es que el impacto psicológico de un suceso es distinto en cada persona, a partir de las propias herramientas psíquicas de cada individuo. Si bien otro nivel de análisis permitiría identificar situaciones en las que tal correspondencia no sea exigida, por ejemplo, en aquellos casos en los que las propias características del suceso (especialmente trágicas o traumáticas) deriven en un daño psíquico identificable, en los casos como el presente, para analizar la procedencia de las indemnizaciones que reparan daños vinculados causalmente con los infortunios que se juzgan dañosos, a mi juicio, el daño psicológico no puede ser receptado”.

Agrega la sentencia que “solo a mayor abundamiento, advierto que del psicodiagnóstico realizado en autos (anexado a fs. 100), se informa que: “…se concluye que el paciente en cuestión no impresiona presentar sintomatología psicopatológica derivada
del siniestro…”. Por todo lo expuesto, cabe concluir que los jueces no se hallan vinculados por los dictámenes periciales. Ciertamente, para apartarse de conclusiones técnicas de especialistas en un arte o profesión, los magistrados deben contar con
argumentos objetivamente demostrativos del error. Lo que no vinculaba a la sentenciante de grado, ni vincula a esta Cámara, es el pronunciamiento respecto de la relación causal, que debe ser objeto, cuando se trata de discernir una controversia relativa a la responsabilidad de un sujeto, de pronunciamiento judicial. Por ello, los jueces no se arrogan facultades que le son ajenas, sino que realizan una valoración de la prueba rendida en autos. Y, en este sentido, es dable recordar que los dictámenes periciales en nuestro sistema no revisten el carácter de prueba legal y están sujetos a la valoración de los jueces con arreglo a las pautas del artículo 477 del C.P.C.C.N., esto es, teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca”.

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